El embajador en Moscu muestra al Gobierno como frenar a Lukoil
Una nueva ley rusa permite vetar compras superiores al 10% en empresas estratégicas
El embajador de España en Moscú, Juan Antonio March, alertó el pasado día 21 al Gobierno español del camino que podría seguir para frenar la aspiración de la compañía petrolera rusa Lukoil de adquirir un paquete de hasta el 29,9% de las acciones de Repsol YPF.
March envió una comunicación restringida al Ministerio de Asuntos Exteriores con copia al de Defensa adjuntando el texto, traducido del ruso al inglés, de la Ley Federal Rusa número 57, aprobada por Putin hace apenas siete meses y en virtud de la cual el Kremlin se reserva el derecho a vetar aquellas inversiones extranjeras que pretendan hacerse con el 10% o más de los derechos en el consejo de administración de cualquier compañía rusa considerada estratégica.
Apenas cuatro días después del telegrama del embajador, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, recalcó que en el caso Lukoil-Repsol habría que considerar elementos importantes como la "reciprocidad".
Por el contrario, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se han mantenido firmes en su postura de que el Ejecutivo no puede hacer nada para intervenir en una operación que se plantea entre empresas privadas, aunque afecte de lleno a un sector de interés estratégico para la nación como es el de la energía y aunque la compañía rusa tenga evidentes lazos con el poder político ruso.
Una ley 'relevante'
El embajador de España en Moscú remitió a Madrid el texto completo de la citada ley porque, tal y como puntualiza, consideró, "relevante tener en cuenta las disposiciones" de dicha norma "en relación con la proyectada inversión de la petrolera rusa Lukoil en Repsol".
El diplomático incluso llega más allá al recordar que Repsol ha firmado un acuerdo con la compañía rusa Rosneft -la primera petrolera del país- para adquirir el 23,9% de participación en el proyecto de exploración petrolífera Veninsky en el campo Sakhalin-3 y, en virtud de la ley citada, el acuerdo está pendiente de aprobación por el Gobierno ruso.