Las operadoras de telefonía móvil se sienten incómodas cuando se les pregunta en medio del vendaval de la crisis económica por la evolución de la morosidad en este sector tan crítico del consumo familiar y de las pymes.

Fuentes de las grandes compañías nacionales afirman que el incremento de las desconexiones en las líneas celulares en régimen de contrato el año pasado se situó en el 3% y que 'este crecimiento, en su práctica totalidad, se debió al impacto de los impagados'. No aclaran cual es el coste real de la morosidad en sus cuentas.

En un reciente encuentro con la prensa, el máximo ejecutivo del negocio de Telefónica para España, Guillermo Ansaldo, aseguró que tanto en fijo como en móvil el impacto de la morosidad en su compañía representa menos de un 1% de los ingresos.

Los únicos datos estructurados sobre el asunto los aporta un informe de Equifax, que controla el 90% de la mora que se produce en servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. Según su análisis, en 2008 la morosidad declarada se incrementó el 57%.

El mayor número de morosos se detecta en el segmento residencial y, también de manera muy acusada, entre las pequeñas y medianas empresas y entre los autónomos, según explican las operadoras.

En esta fase crítica de la crisis económica las empresas de telefonía móvil han modulado sus estrategias frente al fenómeno de los impagos y optan ahora por la prevención antes que por la persecución.

Alguna incluye una cláusula contractual en la que se autoriza al operador a adelantar el cobro de la factura cuando ésta supera un límite establecido. En caso de que el cliente incumpla el pago, la compañía se reserva el derecho a bloquear las llamadas salientes aunque mantiene las conexiones entrantes de voz y de mensajes cortos. Otras compañías utilizan recursos técnicos de prevención similares, aunque nos los incluyen en sus contratos.

En 2007 las tres principales compañías celulares vendieron sus carteras de impagados a empresas especializadas en cobros de morosos.

El importe conjunto superaba los 400 millones de euros, pero el precio de la cesión fue de 30 millones. La experiencia para la imagen de las operadoras no debió de ser muy positiva ya que se produjeron múltiples denuncias por parte de clientes que se consideraban perseguidos injustamente.

Los cobradores se ensañaron con usuarios que se habían negado a pagar recibos que les habían llegado después de que hubieran intentado darse de baja en el servicio de manera reiterada sin conseguirlo.

Ahora han renunciado a practicar una política agresiva y abrazan de manera discreta una estrategia en la que prima el análisis de solvencia de sus clientes.