¿Tienen futuro los paraísos fiscales?

Aunque parezca mentira, no es fácil definir que es un paraíso fiscal, dado que existen muchos países que podrían, de una forma u otra, entran en esa calificación. De hecho, en España existen unas sociedades muy poco conocidas, las ETV, que rayan en este concepto. La definición más adecuada es la de la OCDE que afirma que una zona puede calificarse así cuando cumple los siguientes requisitos: Primero, ausencia de impuestos o impuestos nominales para las rentas (por ejemplo, Gibraltar que solo tiene IVA). Segundo, carencia de intercambio de información con las autoridades fiscales de otros países. Tercero, falta de transparencia, especialmente en el ámbito del secreto bancario. En cuarto lugar, permitir a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad real en ese país. A veces existe incluso un sistema fiscal dual, de tal forma que los que viven en ese Estado tienen peor trato que los de fuera.

En estas zonas pueden existir entre 4 y 12 billones de dólares. Gestionan alrededor del 30 % de la riqueza mundial en manos privadas y casi el 50 % de los flujos monetarios mundiales. La mayor parte de las entidades que han creado esos productos financieros tan complejos que ocasionaron la crisis han partido de allí. Por eso, el G 20 manifestó un gran interés en terminar con ellos. Así, en las conclusiones finales del encuentro de Londres se ha hecho una propuesta en tal sentido. Sin embargo, no se han fijado fechas ni acciones concretas o sanciones sobre estos territorios off shore.

La OCDE, tras la reunión de Londres, dio una nueva lista de jurisdicciones de este tipo, en función del grado de cooperación en el intercambio de información con otros países. En el nivel más benigno, fijó unas 40 zonas que han suscrito compromisos para acabar con la opacidad, pero que básicamente no los han implementado (como Suiza, Austria o Luxemburgo) y otros cuatro países (entre los que sorprendentemente estaba Uruguay) se habían negado hasta la fecha a suscribir compromisos, los cuales rápidamente accedieron a intercambiar información y pasaron a la primera lista.

También España tiene su propia lista, que es parecida a la de al OCDE. Entre los Estados incluidos está Panamá pero que probablemente cambie de status, ya que al Gobierno le interesa que las empresas españolas participen en la elaboración de la ampliación del Canal de Panamá, pero para hacerlo este último exige que no sea considerado como paraíso fiscal. De todas formas, hay que tener en cuenta que actualmente España es el tercer país inversor en Panamá solo precedido por USA (El primero) y Suiza (como no, otro paraíso fiscal).

No solo puede ser un paraíso fiscal un Estado, sino también territorios de Países que tengan un régimen fiscal especial. La verdad es que la mayoría de estas zonas están vinculadas a las grandes economías mundiales que son quienes los han generado. Reino Unido es la nación que ampara más territorios de este tipo. En Estados Unidos, además de las Islas Vírgenes son cuasi-paraísos fiscales estados como Delaware, Wyoming o Nevada. Incluso Francia, Alemania o España liberan de impuestos a los residentes en los paraísos que compren deuda pública de sus respectivos Estados. En un momento en el que la financiación de las naciones es clave para salir de la crisis, dudo mucho que, salvo alguna acción ejemplarizante con algún pequeño país, se desarrollen fórmulas para acabar con los paraísos fiscales, que tienen cuerda para rato.